El Gobierno, la patronal y los sindicatos del Estado español pactaron ayer extender los ERTE hasta el 30 de junio. Asimismo acordaron analizar la situación de cada sector para decidir en qué ámbitos económicos será necesario prorrogar la vigencia de los ERTE más allá del estado de alarma. Alcanzado el acuerdo, ahora deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros, posiblemente la semana que viene.

Resulta razonable que las medidas excepcionales de contenido económico se extiendan en el tiempo todo lo necesario, y más considerando el tremendo impacto que está teniendo sobre la actividad económica el control de la pandemia. Sin embargo, cuando han empezado ya a relajarse las medidas sanitarias extraordinarias, que todavía se siga hablando de cómo prorrogar las actuaciones encaminadas a mitigar los efectos de la crisis resulta sorprendente. Lo procedente sería empezar a hablar sobre las bases que deberán regir la recuperación económica, sobre la orientación de la futura política económica o sobre la clase de intervención que deberá desarrollar el Estado para superar la crisis. Nada de eso parece estar en la mente del Gobierno español ni de los agentes sociales que aparentan conformarse con volver a lo de siempre.

Más preocupante resulta que en Euskal Herria apenas haya interlocución formal con los agentes sociales sobre el modo de afrontar el futuro; en la CAV ni siquiera con el resto de partidos políticos. Esa ausencia de diálogo, de liderazgo y de plan de futuro, más o menos acordado, se compensa –aquí sí de modo explícito– con volver a lo de siempre. El TAV, los soterramientos y otras grandes infraestructuras siguen siendo las prioridades que se repiten machaconamente desde instancias institucionales. Da la impresión de que no han comprendido ni siquiera que solamente la reducción del número de alumnos por clase a la mitad cambia totalmente las previsiones de inversión. ¿Es que solamente piensan en las elecciones?