Periódicamente, a cuenta de la excepcionalidad jurídica con la que se afrontó el conflicto vasco por parte de los poderes españoles, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le otorga al Reino de España la oportunidad de revisarse y ejercer de Estado de Derecho, de democracia avanzada. Indefectiblemente, este Estado malgasta esa oportunidad y se empecina en alinearse con los países europeos más retrógrados y autoritarios, con Hungría y con Polonia, que no atienden a la justicia europea. Los altos tribunales españoles se rebelan contra Estrasburgo y confirman los prejuicios que muchos europeos y europeas tienen sobre España.

El patrón se repite. Primero, se violan derechos humanos de manera impune. Eso genera una injusticia que años más tarde Estrasburgo intenta reparar mínimamente. Los poderes del Estado desacatan esas sentencias. Para justificar su postura, vuelven a violar derechos humanos. Eso es lo que ha pasado con Xabier Atristrain, que en este momento está en la cárcel de Martutene porque unos jueces no asumen las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sus colegas europeos estarán escandalizados. Es inaudito.
Tristemente, el Gobierno de Pedro Sánchez no es capaz de imponerse ante ese lobby posfranquista. No tiene el coraje para actuar con inteligencia política y con rigor democrático. Debería hacer todo lo que esté en su mano para liberar cuanto antes a Atristrain. Y junto con él, a todos los presos y presas vascas cuya condena se está alargando de forma artificial, basándose en el derecho del enemigo, en esa jurisprudencia de excepcionalidad que no alcanza los estándares europeos.

Cabe recordar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy amagó con rebelarse ante Estrasburgo cuando liberó a varias decenas de presos y presas a los que se había mantenido encarcelados de manera injusta. No se atrevió, y estos mismos jueces no se atrevieron a llevar más allá la ingeniería jurídica. Una década más tarde, lo intentarán.

Torturadores y asociados

En el trasfondo de las sentencias del TEDH suele aparecer la principal lacra española en tierras vascas: la tortura. Ocurre en la reciente sentencia sobre la incomunicación y la violación del derecho a la defensa en el caso de Atristrain. También cuando destapó el «tratamiento inhumano y degradante» que sufrieron Igor Portu y Mattin Sarasola durante su detención. En ambos casos, la judicatura española ha decidido sublevarse contra las sentencias que exponen que bajo la «Ley antiterrorista» se torturaba para lograr autoinculpaciones y conseguir condenas, violando derechos humanos y desatendiendo las garantías procesales más básicas.

En la respuesta española a estas sentencias siempre predomina el negacionismo. Contra toda evidencia, pretenden sostener que «en España no existe la tortura». Dan igual las imágenes de Portu hospitalizado y sus partes de lesiones. No importa que Atristrain se presentase voluntariamente y quedase en libertad tras pasar por la Audiencia Nacional, seis meses antes de ser detenido por la Guardia Civil, que bajo la incomunicación «logró» que se autoinculpara.

Estar del lado de los despiadados es mala idea

En todo caso, no se trata de casos particulares, sino de una política de Estado que se resiste a cambiar. Es una estrategia para retrasar la excarcelación de presos y presas vascas, para mantenerlos como rehenes. No es justicia, es venganza.

Los moralistas lo tienen difícil para mantener su discurso de buenos y malos, de «la lucha contra el terror», de primero la vida y los derechos humanos. Los criminales son sus policías y el que posibilita la violación de derechos humanos es su sistema, su país. Son ventajistas. No se abren periódicos ni informativos con este escándalo. Se permite la impunidad, se normaliza.

En el Parlamento de Gasteiz, PNV, EH Bildu y Podemos han acordado un texto mostrando su preocupación por la gestión del caso Atristrain por parte de la judicatura española. No se puede decir menos, ni hace falta decir más. Si el PSE no es capaz de mostrar esa preocupación, de sumarse a la mayoría para pedir justicia y reparación, Eneko Andueza y sus compañeros perderán legitimidad para exigir nada al resto. Decir que así caen en la trinchera de PP, Cs y Vox quizás sea demasiado. Pero que alimentan esas posturas es un hecho. Si está claro en Polonia y en Hungría, no pueden negarlo aquí.