Exigir responsabilidades y actuar en consecuencia
La normalidad regresó ayer a pueblos y ciudades de Hego Euskal Herria después del apagón general del lunes. Las grandes preguntas, sin embargo, siguen sin respuesta: ¿Por qué ha ocurrido? ¿Puede volver a suceder? Red Eléctrica descartó el ciberataque, aguando el intento de la Audiencia Nacional de justificar su existencia –anunció una investigación sobre la hipótesis del sabotaje–, y Pedro Sánchez apuntó directamente a las empresas del sector eléctrico, por mucho que mantuviese todas las hipótesis abiertas.
El presidente del Gobierno español subrayó las «responsabilidades» que deberán asumir «los operadores privados» e insistió en que «se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder». Es aquí donde hay que incidir, porque hay que pedir cuentas al oligopolio eléctrico, por supuesto, pero hay que preguntarse también por qué existe tal oligopolio y por qué un sector tan crucial y estratégico se deja en manos de grandes empresas privadas que no responden al interés general sino a la necesidad de repartir a toda costa dividendos entre sus accionistas.
Se confirme o no que el problema se originó en una planta fotovoltaica, los peligros de confiar sectores estratégicos a la iniciativa privada resultan todavía más evidente a la luz de la transición energética que exige la actual crisis ecosocial. Tanto a escala estatal como a escala vasca, el necesario despliegue de renovables se está dejando en manos de grandes empresas privadas, sin la debida planificación pública. Esto está menguando la deliberación social que requieren semejantes instalaciones, lo que hace más difícil si cabe su aceptación. El despliegue se está llevando a cabo, además, como si fuera posible una mera sustitución de energías fósiles por renovables, dando por bueno un sistema centralizado –y al mismo tiempo aislado del resto de Europa– que responde a lógicas de otro tiempo e ignora la necesidad de ligar la obtención de energía al consumo del territorio. En el caso vasco, lo ocurrido pone a Hego Euskal Herria ante el espejo de una dependencia absoluta respecto a un sistema español obsoleto que poco tiene que ver con las necesidades de su tejido social y productivo.