El inefable José Antonio Gayarre, presidente de la Junta de Bardenas durante casi tres décadas además de exdiputado y exparlamentario de UPN, acostumbró a vender el polígono de tiro a las 22 entidades congozantes que gestionan el territorio como una especie de ‘‘Bienvenido mister Marshall’’, en el que él ejercía del entrañable y a la vez patético alcalde de Villar del Río de la película de Berlanga. La realidad es mucho menos graciosa; ese terreno alquilado por un puñado de euros al Ministerio de Defensa español agujerea el parque natural y la reserva de la biosfera en el que se inserta, impide el desarrollo turístico de las Bardenas, se utiliza para preparar a un ejército, ha provocado más de una veintena de muertes en accidentes y es una amenaza clara para la población civil, como demuestran la interrupción del fluido eléctrico del hospital de Tutera hace pocos años o la reciente herida de bala a un turista catalán. Más que al Plan Marshall se asemeja, por tanto y siguiendo con la misma referencia histórica, a aquel accidente de avión de Palomares (Almería) que extendió la sicosis nuclear en la zona y provocó el famoso baño de Manuel Fraga.

El polígono de tiro de las Bardenas es producto de varios anacronismos: uno de ellos es la propia Comunidad de Bardenas y su funcionamiento, en el que el voto de los monjes de La Oliva vale tanto como el de los 35.000 habitantes actuales de Tutera. Y es, sobre todo, un contencioso político de primer orden, que requiere una solución política a la altura de este siglo XXI. Fue el propio Estado español, en la época del Gobierno Aznar, el que lo dejó claro con la declaración de la zona como «de interés para la Defensa», con lo que abría la puerta a la expropiación, una amenaza de la que se ha valido desde entonces para perpetuar el polígono. La salida es justo la contraria; no una expropiación estatal, sino la apropiación por parte de la ciudadanía navarra, legítima dueña de esas 2.222 hectáreas, y decidir libremente cómo y para qué se usan.