En la presentación al Ararteko del informe anual de Behatokia “Situación de los Derechos Lingüísticos en Euskal Herria 2013”, su directora, Garbiñe Petriati, se refirió a algunas conclusiones del mismo. El informe que, más desafortunada que afortunadamente, presenta pocas novedades, aporta también datos significativos que señalan el camino a seguir hacia el objetivo de que vivir en euskara en Euskal Herria no sea, sencillamente, imposible.

El informe, elaborado a partir de las diversas vivencias transmitidas por los ciudadanos, concluye que la priorización del castellano y el francés es el primer obstáculo para vivir en euskara, como consecuencia de la falta de garantía institucional de los derechos lingüísticos, lo que provoca una sensación de indefensión y vulneración de derechos en los ciudadanos que desean relacionarse en euskara con su administración. Lo cual es muestra no solo de falta de voluntad, sino de claro incumplimiento de la ley, que resulta no ser suficiente garantía de los derechos lingüísticos. Algo que se repite en todos los ámbitos, incluido el de la educación. Transcurridos treinta y dos años desde la aprobación de la ley que reconoce el derecho de cursar los estudios en las dos lenguas oficiales, resultan inadmisibles situaciones tan graves como la que padecen quienes no pueden cursar el bachillerato en euskara o se topan con impedimentos para estudiar en modelo D.

Junto a una situación poco alentadora, no obstante, Behatokia resalta las medidas que algunas instituciones han adoptado de cara a prevenir futuras vulneraciones. Ese es, precisamente, el modo más efectivo de que los derechos lingüísticos sean respetados. Una observación que ofrece una doble lectura, pues a la par que constata que si los ciudadanos permanecen callados ante la vulneración de sus derechos esa situación se perpetúa, muestra que estos se preocupan y protestan, una actitud que provoca la asunción de medidas por parte de la administración, normalmente al rebufo social.