Una familia con dos hijos menores fue desalojada ayer en Gasteiz. Anteayer en Barcelona otra familia con tres hijos fue también expulsada de su vivienda. En ambos casos la policía autonómica intervino para ejecutar los desahucios, aunque el caso de Gasteiz resulta más grave si cabe, puesto que fue realizado a instancia de una sociedad pública dependiente del Gobierno de Gasteiz, Alokabide, uno de los actores que más desahucios promueve.

Si echar de sus casas a familias empobrecidas por la crisis ya es un acto grave, el hecho de que se desahucie a menores es absolutamente inaceptable. Tal y como resumió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, los derechos de los niños han de prevalecer. Sin embargo, como ha quedado patente durante la crisis, la legislación del Estado protege los derechos de arrendatarios y prestamistas por encima de cualquier otra consideración, lo que se ha traducido en un aumento exponencial de los desahucios. Los movimientos sociales y la llegada al poder municipal de fuerzas de izquierda trajo la aprobación de mociones que declaraban los municipios libres de desahucios y la firma de protocolos con las autoridades judiciales para evitar este tipo de situaciones violentas; de hecho, ayer mismo la Federación Navarra de Municipios y Concejos aprobó la firma de uno con el CGPJ y el Gobierno de Nafarroa. Las últimas actuaciones evidencian que no han sido suficientes para detener la expulsiones de familias de sus domicilios.

Otros intentos de perfeccionar la defensa de los derechos básicos de la ciudadanía por medio de leyes, como la 3/2015 de vivienda del Parlamento de Gasteiz o la 24/2015 de emergencia habitacional del Parlamento de Catalunya, se han encontrado con los recursos del Gobierno del PP y ambas se encuentran en este momento suspendidas por el Tribunal Constitucional. Sin bajar la guardia ni un momento, urge avanzar hacia la soberanía plena como único medio de garantizar los derechos básicos de la ciudadanía.