Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer una moción para pedir que el nuevo estatus político de la CAV incluya el derecho a decidir democráticamente el futuro de Euskal Herria. El texto fue aprobado por EH Bildu y PNV, es decir, por un 76,5% de los junteros, una mayoría más que cualificada. El PSE, socio de los jeltzales en una Diputación que gobiernan gracias al apoyo del PP, mostró su malestar. El voto en contra de una moción que defiende un ejercicio libre y democrático, así como el «reconocimiento de los distintos sentimientos de pertenencia», solo puede sostenerse desde posiciones sectarias y autoritarias. Escudarse tras la legislación vigente es una excusa para esconder el privilegio desde el que se esgrime. Y los privilegios de unos se erigen siempre sobre la opresión de otros. Cuando Eneko Andueza dice que el derecho a decidir es una línea roja, asume que su decisión vale más que el voto de la mayoría de la ciudadanía.

La moción ha dejado en evidencia las divergencias en el seno de una alianza pensada para anular tanto la mayoría soberanista como la mayoría progresista. Es una coalición construida sobre tres vetos: el que ambos partidos ponen a EH Bildu, y los que los socios se imponen el uno al otro. El resultado es la parálisis. Gipuzkoa es un buen ejemplo de ese bloqueo.

Los jeltzales, que el domingo inician el proceso de renovación de su dirección, se han aferrado al PSE como a una tabla de salvación para mantener un poder institucional del que depende buena parte de su red clientelar. Para ello, han entregado un poder de veto a una minoría y no tienen empacho en contrariar a las mayorías sociales. No solo en el terreno del reconocimiento nacional, el derecho a decidir o el euskara. Ayer mismo, PNV y PSE decidieron en el Parlamento de Gasteiz obviar los resultados electorales y copar la dirección de Gogora, dejando fuera a Pilar Garaialde, hija de una víctima de la Triple A. Había sido propuesta por EH Bildu.

Esta estrategia, que responde a intereses particulares pero hipoteca a toda la sociedad vasca, es insostenible. La mayoría que se articuló ayer sobre el estatus político se debe hacer respetar y, antes o después, retirar a la minoría el derecho a veto.