Venezuela se encuentra en una encrucijada, en una situación de crisis aguda, en la crisis más difícil de su reciente historia. El presidente, Nicolás Maduro, lo achaca a una «guerra económica» que, según sus palabras, no es sino un mecanismo feroz e implacable de «golpe lento» contra la Revolución, protagonizada por mafias y sectores de la oposición ligados a la derecha colombiana y de EEUU. El desabastecimiento, el acaparamiento y la hiperinflación son realidades de una crisis económica inducida que está agravando un severo malestar social y político y que, en cierta medida, al menos hasta el presente, expone la fragilidad de las instituciones para enfrentarla.

Situada sobre un mar de petróleo y excesivamente dependiente de una economía rentista y bastante disfuncional, Venezuela ha visto cómo la caída de los precios del crudo ha tenido como consecuencia una letal mezcla de escasez de ciertos bienes y una inflación desorbitada, que los sectores de la derecha golpista intentan explotar para llevar al país a una situación de caos y de anarquía. Frente a ello, las medidas de choque aplicadas por el presidente Maduro, particularmente la decisión –luego aplazada– de retirar de la circulación los billetes de 100 bolívares, buscan combatir la especulación de precios, regular las importaciones y controlar la asignación de dólares a precio oficial para evitar que sean revendidos en el mercado negro. Elementos todos ciertamente perturbadores de la economía venezolana a los que hay que hacer frente, sí, con determinación, pero no de cualquier manera.

El anuncio de la retirada de esos billetes disparó las alarmas. Las escenas de pánico entre los venezolanos no se hicieron esperar. Hay que evitar dar bazas a los sectores que impulsan la agudización de esa guerra económica. Para ello, junto con el sentido común, como defiende la economista venezolana Pasqualina Curcio, democratizar la producción y la distribución de bienes resulta necesario.