Desde las calles de Torre Pacheco hasta el Gobierno de Helsinki, el racismo está ganando terreno a marchas forzadas en toda Europa. La influencia de la ultraderecha en esta deriva afecta a la opinión y a las políticas públicas.

Un repaso a los cambios legislativos que se están produciendo en el continente evidencia que en la mayoría de los Estados se están restringiendo de forma sistemática el derecho al asilo y a la reunificación familiar. Se trata precisamente de las dos fórmulas más estructuradas de las políticas migratorias, ambas asociadas a derechos humanos clave.

En el caso del derecho al asilo, es la figura que combate la persecución por razones políticas y religiosas, así como la discriminación por razones de raza, género o identidad. Es decir, ofrece refugio a personas represaliadas y disidentes de todo tipo. Las políticas de reunificación tienen que ver con el derecho a la familia y con la protección de la infancia. Incluso la ultraderecha y los racistas tienen dificultades al atacar esos principios.

Es un error temerario que las autoridades europeas desregularicen las fórmulas mínimamente ordenadas de migrar. En vez de implementar pasajes seguros, se sabotean las escasas vías regulares y se empuja a las familias a buscar alternativas ilegales que implican graves riesgos. Los expertos y el sentido común indican que las migraciones no van a parar. Es de necios disuadir de migrar a personas perseguidas o a familias que ya tienen una red, aunque sea precaria. En ningún caso van a saciar a quienes han hecho de mentir y sembrar el odio su consuelo, su terapia o su ganancia política.

Frente a esas dinámicas, Euskal Herria debe aspirar a ser un país que dé refugio y garantice todos los derechos de todas las personas.