La Comisión Europea dio ayer un paso adelante y multó a Apple y Meta por infringir el marco regulatorio digital de la UE. Concretamente, impuso una sanción de 500 millones de euros a Apple por impedir que los desarrolladores de aplicaciones informen sobre ofertas al margen de su App Store, a la vez que castigó con 200 millones de euros a Meta por el modelo que obliga a los usuarios a aceptar publicidad personalizada –seleccionada a partir de sus datos personales– o a pagar una cuota para evitarla.

Teniendo en cuenta que la compañía propietaria de Facebook, Whatsapp e Instagram facturó el año pasado 164.501 millones de dólares, cabe señalar que el monto de las sanciones es testimonial. Bruselas esgrime que el ánimo no es recaudatorio, sino disciplinante. Es decir, persigue que se respeten las regulaciones comunitarias. Las empresas sancionadas criticaron ayer la medida, mientras que la Comisión subrayó que, de seguir los incumplimientos, las sanciones aumentarán. Es posible que el pulso no haya hecho más que comenzar. La senda iniciada, en cualquier caso, es la correcta. Los tiempos de resolución del expediente, abierto hace un año, son también una nota positiva si se tienen en cuenta los precedentes. El contexto de guerra arancelaria desatada por Donald Trump, que exige a Europa que deje de regular las actividades de las grandes tecnológicas –plegadas en gran medida a sus deseos–, da también mayor valor al paso dado, pues se especulaba con que Bruselas pudiera congelar el expediente.

Es importante que la UE haga respetarse ante estos gigantes digitales. De hecho, debería dotarse de herramientas que vayan más allá de la mera defensa de la libre competencia –principal marco en el que se han impuesto las sanciones actuales–, y apuesten por una mayor autonomía tecnológica. Porque el oligopolio de estas grandes empresas estadounidense no supone solo un peligro para el libre mercado –obsesión insana de Bruselas–, sino que atenta directamente contra las bases de un debate político en pie de igualdad. La soberanía, en todas sus escalas y ámbitos, también el tecnológico, es condición necesaria para la democracia.