Mientras estuvo percibiendo 6.000 euros mensuales por su contrato en Kutxabank, Mikel Cabieces fue miembro de los órganos de gobierno de la BBK, algo incompatible por ley; sin embargo, la Comisión de Retribuciones y Nombramientos de la entidad no percibió incompatibilidad alguna. Nadie había detectado irregularidad alguna hasta que trascendió la denuncia de Kutxabank contra Mario Fernández por la contratación de Cabieces. En el último episodio de acusaciones mutuas entre los partidos de los protagonistas del escándalo, el PP cargaba ayer contra Mario Fernández, pero al igual  que PNV y PSE, difícilmente podrá sacudirse su responsabilidad en el proceso privatizador del importante instrumento financiero que eran las cajas vascas, las cuales han ido apartando del control público, el modo más apropiado para que esas operaciones «habituales» sostenidas en la razón de estado puedan cometerse a espaldas de la ciudadanía.   

Los tribunales dirán si el pago de 243.000 euros a Mikel Cabieces fue ilegal o no, en el caso de que la fiscal estime oportuno poner el caso en manos de los jueces. De lo que no cabe ninguna duda es de que se trata de algo vergonzoso, como demuestra la actuación del expresidente de Kutxabank, al abonar «en una tarde» el importe de su bolsillo. Y se trata de algo vergonzoso como de algún modo reconocen los tres partidos implicados por medio de sus mutuos reproches.

Corresponde a los jueces dilucidar la responsabilidad penal, pero la política se ha de aclarar en el Parlamento, donde sería de desear que se llevase a cabo una investigación con todas sus consecuencias. A no ser que a sus miembros no les parezca suficientemente grave la aplicación de «leyes no escritas» a costa de los ciudadanos y ciudadanas, quienes probablemente se preguntarán cuántas leyes no escritas de cumplimiento habitual esconden muchos de los responsables políticos.