La Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD) hizo pública la memoria de su actividad durante el pasado ejercicio. Entre la información recogida destaca la gran cantidad de peticiones de asesoramiento de personas físicas, que prácticamente dobla el número de consultas institucionales. No quiere decir esto que en la Administración el tratamiento de datos de carácter personal esté suficientemente interiorizado, si atendemos a los 18 expedientes que han terminado en infracciones.

Las infracciones responden a la publicación o difusión de información personal por administraciones como Etxebide o el departamento de Educación que, se supone, deberían estar familiarizadas con el tratamiento habitual de datos de carácter personal. Una filtración similar también ocurrió en la Audiencia de Nafarroa con los datos personales de la víctima de «La Manada». Ejemplos que no hacen sino acrecentar las dudas sobre el modo en el que las administraciones públicas manejan los datos particulares de la ciudadanía. Más grave, sin embargo, parece el hecho de que el Departamento de Seguridad y Osakidetza hayan hecho tratamientos de datos a partir de una información que debía haber sido borrada. Además, en el caso de Osakidetza se incumplía un mandato previo de la propia AVPD para eliminar dicha información. Este hecho pone de relieve que algunas administraciones recogen y tratan ciertos datos que no deberían archivarse, con lo que se refuerza la sensación de arbitrariedad cuando no de desmadre.

Como dejó patente el escándalo de Cambridge Analytica, los datos personales se han convertido en una inmensa fuente de riqueza y de poder. Las empresas privadas captan y archivan cada vez más datos personales en registros que escapan al control de la ciudadanía. No solo se desconoce el tipo de información guardada, sino también el uso que se hace de ella. En este sentido, la Administración pública debería ser modelo de excelencia en el tratamiento y uso de los datos de carácter personal de la ciudadanía.