La batalla por limitar los alquileres ha empezado

El debate sobre cómo poner límite a los alquileres de viviendas vuelve a estar de actualidad. EH Bildu presentó una resolución en Juntas Generales de Gipuzkoa que fue rechazada ayer con los votos de PNV, PSE y PP. Otra propuesta, esta para modificar la ley, se presentó en noviembre en el Parlamento de Gasteiz; será en el pleno de la próxima semana cuando se decida si se tramita o, como quiere Urkullu, se rechaza de entrada cualquier cambio legal. También puede ocurrir que el lehendakari convoque elecciones y el debate ni si quiera se dé.

Las razones aducidas para rechazar las medidas propuestas por EH Bildu fueron de dos tipos. Por una parte, se recordó la pionera y ambiciosa ley que aprobó el Parlamento en 2015. Se trata de una ley avanzada que, desgraciadamente, ha tenido un escaso desarrollo, especialmente por la ausencia de compromiso político por parte del PNV, que votó en contra. Por otra parte, también se esgrimieron argumentos de carácter económico que beben de las tesis neoliberales, según las cuales cualquier límite a los precios solo acarreará una caída en la oferta de pisos en alquiler y, por tanto, mayores dificultades para acceder a una vivienda. Esto choca con las directrices que ha elaborado para el siguiente periodo sesiones de la ONU la relatora especial para la vivienda, que explica que la inversión privada ha cambiado sustancialmente y que la vivienda se ha convertido en garantía de instrumentos financieros que se comercializan en los mercados mundiales. Son las instituciones financieras, conocidas popularmente como fondos buitre, las que dominan el mercado y especulan con la vivienda. La relatora es tajante en su informe al señalar que los Estados incumplen con sus obligaciones y que deben limitar el importe de los alquileres, imponer controles o congelar precios «cuando sea necesario».

La batalla por limitar el precio de los alquileres no ha hecho más que empezar. El enorme volumen de inversión especulativa indica que ese será el único modo de garantizar el derecho al uso y disfrute de una vivienda.

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