El Comité de Empresa de la incineradora de Zubieta denunció ayer el incendio que se produjo dentro de la planta la semana pasada –por el cual tuvieron que ser atendidas de urgencia nueve trabajadores–. Al mismo tiempo, volvieron a poner encima de la mesa las reivindicaciones por las que llevan movilizándose durante todo este año, en las cuales reclaman un convenio propio que tenga en cuenta las características singulares –y los peligros asociados– que implica el trabajo en un centro como este.

En este sentido, el comité lamenta la dificultad que encuentra para negociar un interlocutor válido. Porque la incineradora es del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa –dependiente a su vez de la Diputación–, pero es operada por una concesionaria llamada Ekondakin, que a su vez creó una filial –Ekobal– a través de la cual contrata a los trabajadores y lleva el día a día de la planta. Que una empresa formada por varios inversores con el único objetivo de construir y operar una incineradora forme una filial para subcontratarse a sí misma ya da qué pensar. Según las denuncias de las trabajadoras, Ekobal dice que no tiene suficiente dinero para mejorar las condiciones de la plantilla, mientras su matriz ha repartido beneficios entre socios durante los últimos años.

Es cierto que, en las condiciones productivas actuales, hay casos en los que resulta necesaria la colaboración público-privada que el tándem PNV-PSE aplica y ensalza cada vez que puede. Pero como modelo económico, aplicado como lo aplican, hace aguas. Por un lado, sirve para poner en marcha inversiones arriesgadas que, si funcionan, acaban a menudo en manos exclusivamente privadas, mientras que, si fracasan, quien acaba pagando la cuenta es la parte pública. Por otro lado, engrasa las puertas giratorias y alimenta un sistema clientelar. Por último, permite a las instituciones públicas desentenderse de la gestión diaria de servicios e infraestructuras que operan bajo su responsabilidad, pero con criterios que, una vez en manos privadas, abandonan el bien común y el servicio público en busca del lucro particular, en detrimento de trabajadoras y ciudadanía.