Ante el informe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que percibe varios posibles delitos en la contabilidad de 2012 del PNV, entre otros partidos, es preciso mantener cierta cautela a la hora de referirse a él, más aún cuando esa institución matizó que las apreciaciones recogidas tienen carácter preliminar. No obstante, cabe hacer algunas consideraciones basadas en evidencias.

Una de ellas es la laxitud con la que hasta ahora los órganos fiscalizadores de la actividad de los partidos han actuado ante lo que frecuentemente parecen ser algo más que irregularidades. Y otra es que Hego Euskal Herria no está libre de un mal que algunos discursos parecen querer limitar a otras latitudes. Nafarroa es ejemplo evidente, pero en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa también hay tela que cortar. Iñigo Urkullu en más de una ocasión ha alardeado del bajo nivel de corrupción existente en los territorios que administra, y su partido, de ser ejemplo de gestión. Sin embargo, en Bizkaia, un herrialde gobernado ininterrumpidamente por los jeltzales durante décadas, van acumulándose escándalos que probablemente solo han aflorado como consecuencia de cambios en los gobiernos municipales o por acción no tanto de instancias judiciales como de grupos de la oposición u organismos sociales. El listado es cada vez más largo.

Sería de esperar que la investigación en torno a la supuesta financiación ilegal de los partidos llegue a donde sea necesario y que a la misma le sigan las depuraciones pertinentes en su caso. Y la autocomplacencia del lehendakari, o declaraciones como las del jeltzale Joseba Agirretxea, quien aseguró que los partidos que operan en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa son «excesivamente cuidadosos» con el dinero público, sencillamente están de sobra. Con el dinero público nunca se es excesivamente cuidadoso. Al contrario, un nivel bajo de corrupción es excesivo. Siempre se ha de ser rigurosamente cuidadoso con el dinero público, pero serlo no supone mérito alguno, sino simplemente gestionar debidamente.