Los embajadores de los 27 países de la Unión Europea dieron ayer el visto bueno al acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. La abstención de Bélgica y el voto contrario del Estado francés, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría no fueron suficientes para sumar una minoría de bloqueo. La llave la tenía Italia y Georgia Meloni ha utilizado con maestría ese voto decisivo para lograr que la Unión Europea añada a los fondos de la PAC 45.000 millones adicionales a partir de 2028. Un dinero que servirá para mitigar las reticencias de los agricultores italianos. El pacto añade asimismo las salvaguardas que fueron aprobadas por el Parlamento Europeo y que la gran mayoría de las organizaciones de agricultores considera insuficientes, ya que solo tendrán efecto a posteriori.

La atención se ha centrado en el apartado agrícola, no en vano, Mercosur es un bloque agrícola cuatro veces mayor que la Unión Europea, por lo que la desaparición de más del 90% de los aranceles tendrá sin duda un impacto directo en el mercado agrícola europeo, sobre todo, porque los requisitos, costes y precios de los productos de Mercosur son completamente diferentes. El acuerdo afectará especialmente a la agricultura industrial, más vulnerable a los precios, y posiblemente provoque una reconversión del sector. Los agricultores han criticado que se les esté utilizando como moneda de cambio. Es posible que razón no les falte. La PAC supone casi una cuarta parte del presupuesto comunitario, una gran cantidad en un momento en que la principal prioridad de Bruselas es el desarrollo de la industria armamentística. Además, la Unión Europea busca en Mercosur nuevos mercados para sus automóviles, pero sobre todo acceso a minerales críticos en un momento en que EEUU también estira sus tentáculos.

Seguramente esas urgencias geopolíticas hayan sido las que han logrado finalmente doblegar las diversas resistencias e imponerse para sacar adelante un acuerdo que, desgraciadamente, en su versión actual, no tiene nada que ver ni con la seguridad alimentaria de los países firmantes ni con la soberanía y el desarrollo de los pueblos.