La Comisión de Industria del Congreso aprobó ayer, a propuesta de ERC, instar al Gobierno español a realizar las modificaciones legislativas necesarias para impedir la extracción de gas mediante la fracturación hidráulica. La proposición no de Ley no es de obligado cumplimiento para el Ejecutivo del Estado, pero supone un hito en el camino hacia la prohibición del fracking. Un paso, por cierto, inexplicable sin la activación de la ciudadanía en aquellos territorios amenazados por una técnica de extracción de hidrocarburos que ni el Parlamento Europeo ve con buenos ojos.

Aunque insuficiente, el paso en el Congreso pone al Estado español en la senda de otros estados como el francés, que tiene prohibido el fracking en todo su territorio, o el británico y el holandés, que han vetado más de un proyecto en este sentido. La incertidumbre sobre los graves efectos que esta técnica puede tener para el medio ambiente y la salud (como si ambas no estuviesen íntimamente ligadas), y su más que dudosa rentabilidad económica parecen razones suficientes para parar los pies a cualquier iniciativa de fracturación hidráulica.

Pero la iniciativa del Congreso sirve también para poner de manifiesto las contradicciones de partidos como el PP y el PNV. En la Cámara de Gasteiz, los primeros votaron a favor de prohibir el fracking y ayer lo hicieron en contra (también recurrieron, desde el Gobierno del Estado, las leyes navarra y catalana, y amenazan la de la CAV). Un viaje inverso al de los jeltzales, que ayer secundaron la proposición no de ley y en Gasteiz prefirieron abstenerse. De hecho, los jeltzales siempre se han movido en el terreno de la ambigüedad, manteniendo una retórica reticente, por un lado, pero participando en varias exploraciones a través de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa). Contradicciones que ayer volvieron a quedar de manifiesto demostrando, en el mejor de los casos, la ausencia de un posicionamiento claro sobre el fracking.