En 2023, la Asamblea General de la ONU realizó una consulta a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones climáticas de los Estados y las consecuencias legales de incumplirlas. En diciembre de 2024, más de un centenar de países y organizaciones expusieron sus argumentos ante la Corte, que ayer hizo pública su decisión sobre las cuestiones planteadas por Naciones Unidas.

La resolución de la Corte señala que el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano y que, además, es consustancial al disfrute de otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida o a la salud. De ahí que la Corte considere el cambio climático como una «amenaza urgente y existencial» y subraye que las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático están inequívocamente causadas por actividades humanas. Por todo ello, la resolución concluye que existe el deber de prevenir esos daños al medioambiente. En ese sentido, los jueces señalan que todos los países firmantes de la Convención Marco sobre el cambio climático son responsables de proteger el medio ambiente y de prevenir que no se produzcan daños significativos. En consecuencia, consideran que el incumplimiento de ese deber constituye un «acto intencionalmente ilícito que implica responsabilidad», lo que significa que se puede exigir el cese de la acción u omisión ilícita, la petición de garantías de no repetición, así como la reparación total al Estado afectado. Como contrapunto, la resolución señala que la compensación deberá estudiarse caso por caso, y condiciona la responsabilidad a que haya una relación causal clara y directa entre el ilícito y el daño.

La decisión de CIJ despeja el camino para que se puedan exigir responsabilidades a los Estados por no actuar contra el cambio climático. La resolución habilita un nuevo instrumento de presión al permitir impulsar acciones legales contra los gobiernos, tanto a los Estados afectados por el calentamiento global, como a iniciativas ciudadanas. La inacción frente al cambio climático ya no es simplemente un fracaso político, sino una violación del derecho internacional.