La Justicia destapa su esencia con La Manada

Tras la publicación en el Boletín Oficial de Defensa de la orden que levanta la suspensión de funciones del militar Alfonso Jesús Cabezudo, condenado por abuso en la violación perpetrada por la  «La Manada», se ha sabido que el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, condenado por los mismos hechos, se encuentra también «activo y sin destino». Esto significa que ambos funcionarios del Estado están cobrando el sueldo base que les corresponde sin tener ningún quehacer concreto desde que abandonaron la cárcel.

La explicación oficial ha sido que eso es lo que dicta la ley, al no haber condena firme y haber transcurrido más de seis meses desde la suspensión de funciones. Como quedó de manifiesto con la sentencia, la ley tipifica los delitos sexuales de tal modo que reduce la gravedad del delito cometido. Ofrece margen a dar por normal la cultura de la violación. Ahora es público que esa misma ley ofrece asimismo un trato exquisito a los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han sido condenados por un delito mientras la sentencia no sea firme. La ley será la ley, pero ni en su letra, ni en su espíritu, ni en su aplicación se observa el más mínimo respeto por la víctima. No existe la menor estima o amparo. El Estado sí defiende a sus funcionarios por encima de cualquier consideración de justicia o de humanidad. En este contexto, un grupo de magistrados ha tenido la brillante idea de elevar una queja al Consejo Consultivo de Jueces Europeos por la «grave amenaza» contra la independencia judicial que fueron las reacciones sociales a la sentencia de «La Manada». Siguen impúdicos e inasequibles al desaliento en defensa de sus intereses corporativos.

El proceso por la agresión sexual de Iruñea no ha hecho justicia con la víctima, pero ha conseguido destapar el tarro de las esencias de la judicatura española, que ha mostrado su carácter reaccionario, patriarcal, injusto y clasista. El hedor que desprende resulta inmundo e insoportable.

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