La ciudadanía catalana está convocada para el día 27 de setiembre a unas elecciones autonómicas en las que el voto no decidirá tanto qué partido o partidos gobernarán y quién será el presidente de su Gobierno como la continuidad o no del proceso soberanista hasta la proclamación de la independencia del país. Es, aparentemente, una cita con las urnas como otra cualquiera, pero todos son conscientes, también las fuerzas unionistas catalanas y españolas, como su actitud ha demostrado, de lo que en realidad decidirán los votos ese día.

Los registros de la Guardia Civil en una una fundación de CDC y en la propia sede de ese partido por un supuesto caso de cobro de comisiones ilegales, con gran despliegue publicitario, a escasos días del día nacional de Catalunya y a un mes de las elecciones fue algo más que una operación ordinaria contra la corrupción. Fue un modo zafio de entrar en campaña, pretendiendo instalar en la sociedad la percepción de que la opción independentista está ligada a la corrupción. Un modo de asumir el carácter plebiscitario de esas elecciones, al igual que, de forma no menos grosera, lo hizo el expresidente del Gobierno español Felipe González en la carta que dirigió a los catalanes, insultando a millones de ellos. Y no se hizo esperar otra muestra de zafiedad y a la vez temor al escenario posterior al 27S como fue el anuncio de reforma exprés del Tribunal Constitucional español consistente en capacitarlo para sancionar a quien incumpla sus fallos.

La carta «a los españoles» firmada por los cabezas de lista de la candidatura Junts pel Sí, publicada ayer en el mismo diario que difundió la de Felipe González, no es sino una ratificación de que ni el juego sucio, ni los insultos ni las amenazas frenarán un proceso gestado en la sociedad y puesto en marcha por ella misma. El mensaje es claro: «No hay vuelta atrás». Los catalanes y catalanas tienen la palabra, y han de hablar conscientes de que es su palabra, y no la de ningún tribunal, la que en democracia debe decidir.