Tubos Reunidos tuvo un año difícil en 2025. A la espera de los resultados definitivos de todo el ejercicio, los resultados en la primera mitad del año reflejaban pérdidas por valor de 28 millones de euros. La dependencia respecto al mercado estadounidense ha golpeado duro a la empresa en pleno auge arancelario de Trump. Solo en los primeros seis meses del año pasado, la empresa calculó en unos 15 millones de euros el impacto de las tarifas y sus consecuencias derivadas, como la pérdida de clientes y la caída de los pedidos. En este contexto, la dirección ha presentado un ERE para las plantas de Amurrio y Trapagaran (1.400 trabajadores en total), sobre el cual darán detalles el lunes, jornada para la cual los sindicatos han convocado ya una primera jornada de huelga.

La industria vasca no es ajena a la volatilidad geopolítica que marca la actualidad. La globalización de bienes y servicios ha permitido acumulaciones espectaculares de capital privado, pero el repliegue actual está golpeando duro a quienes fiaron su negocio a este modelo. Los primeros en pagar el pato de este cambio de rasante, sin embargo, no pueden ser los trabajadores que durante años han posibilitado esta acumulación. En el caso concreto de Tubos Reunidos, la empresa arrastra una importante deuda, como recordó esta semana el consejero de Industria, Mikel Jauregi, quien obvió, sin embargo, que entre 2021 y 2024 redujo esa deuda de los 300 millones de euros a 234. Es más, durante 2022 y 2024 acumuló beneficios por valor de más de 125 millones de euros. A estas cifras se suman las ayudas públicas de más de 100 millones de euros que, según aseguró ayer el comité de empresa de la planta de Amurrio, la empresa ha recibido, precisamente, «para mantener la actividad industrial y el empleo».

No es de recibo que, tras años reduciendo la deuda y obteniendo beneficios, Tubos Reunidos quiera descargar de buenas a primeras sobre los trabajadores el impacto negativo de un mal ejercicio y las incertidumbres que planean sobre el futuro. Además de ofrecer ayudas, las instituciones deben ser capaces de presionar a las empresas en defensa del empleo.