Un consorcio internacional de periodistas ha publicado información relativa a un bufete de abogados de Panamá que asesora a personas ricas y poderosas de todo el mundo para que oculten su patrimonio, evadan impuestos o laven dinero de dudosa procedencia. Estos nuevos datos no hacen más que corroborar la demanda de gran cantidad de organizaciones sociales para que se eliminen de una vez los paraísos fiscales.

El modo de actuación descrito deja en evidencia la existencia de un entramado de sobra conocido y estructurado de bufetes de abogados, territorios con una legislación laxa y sin impuestos y corruptores que captan a personas con ánimo de defraudar en cualquier país. Esta trama no sería posible sin una decisión política que deja hacer y no investiga. Los paraísos fiscales conforman una urdimbre perfectamente imbricada en el sistema político y económico mundial.

Los nombres de las personas que han aparecido esta vez muestran a dirigentes políticos de todo el planeta que confirman así el nulo interés de la clase política por acabar con las zonas opacas. Este hecho sugiere, además, que el interés de las autoridades por mantener ocultas sus propiedades obedece a un desasosiego fruto de actuaciones ilícitas durante sus mandatos, lo que convierte la existencia de paraísos fiscales en estímulo para la corrupción.

Cabe reseñar, asimismo, la gran cantidad de deportistas profesionales involucrados en esta trama –por voluntad propia o por consejo de clubes o asesores, y muchas veces con la aquiescencia de las autoridades tributarias–, clara muestra de la podredumbre del deporte profesional, donde al dopaje generalizado, la corrupción de las estructuras deportivas, el amaño de competiciones y las apuestas fraudulentas se une el uso de paraísos fiscales. El único valor que transmite a estas alturas el deporte profesional es el de ganar como sea y cuanto más dinero, mejor. O casi.