Una tras otra, PP y UPN han recurrido al Tribunal Constitucional un total de 17 iniciativas aprobadas por el Parlamento foral en los últimos años. Las derechas navarra y española han tratado de ganar así en un tribunal presidido por un antiguo militante del PP aquello que perdieron en las urnas. Por cierto, un tribunal completamente desfasado que perdió cualquier atisbo de credibilidad tras la sentencia del Estatut en 2010. De aquellos polvos, estos lodos. No es casual ni gratuito que el primer paso desobediente del Parlament, al menos retóricamente, haya sido negar cualquier legitimidad al TC.

Aprovechando la visita de la lehendakari Uxue Barkos a Madrid, representantes de las cuatro fuerzas del cambio  en Nafarroa ofrecieron ayer una importante y valiosa imagen de unidad a la hora de reclamar al Congreso de los Diputados la retirada de los recursos contra las iniciativas aprobadas por el Parlamento foral. Unas iniciativas entre las que destacan leyes como la llamada «antidesahucios» o la que obligaba a la Iglesia Católica a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). También han sido cautelarmente suspendidas la prohibición del fracking y la exención del copago farmacéutico a los mayores de 65 años. Y son solo cuatro ejemplos de 17.

Es decir, la inmensa mayoría de iniciativas navarras recurridas al TC son acuerdos plurales en materias sociales, destinadas a obtener mayores recursos y herramientas para mejorar la vida cotidiana de navarros y navarras. Nada que ver con las supuestas políticas identitarias de las que la caverna mediática española acusa estos días a las fuerzas del cambio en Nafarroa. Estos recursos al TC no son sino la constatación de que la soberanía, entendida como la capacidad de decidir y aplicar en el seno de una comunidad las normas por las cuales debe ser regida, lejos de ser una cuestión meramente identitaria, es algo estrechamente ligado al bienestar de dicha comunidad.