Los datos preliminares aportados ayer por Paco Etxeberria dentro del «Proyecto de investigación de la tortura en el País Vasco (1960-2013)» son inapelables y abrumadores. Han realizado un censo provisional de 4.009 personas torturadas –que se prevé que pronto supere las 5.000–. De ahí se ha extraído una muestra de 202 personas cuyos casos han sido analizados en profundidad en base al Protocolo de Estambul, demostrando la veracidad de las denuncias en las diferentes fases históricas y sus secuelas. Se incluye también un análisis jurídico que evidencia la impunidad que ha rodeado a esta práctica policial. El informe da sostén criminológico a una realidad por todos conocida en Euskal Herria, pero que ha sido sistemáticamente negada por las instituciones y ocultada por la mayoría de los medios.

Es positivo que las instituciones, en este caso el Gobierno de Lakua, realicen este tipo de estudios. La dimensión de la tortura y los malos tratos en el caso vasco es un elemento reseñable y tristemente distintivo. La impunidad que denuncia el informe hace que sus víctimas no hayan podido acceder ni a la verdad, ni a la justicia ni a la reparación. El trabajo deja entrever que queda mucho trabajo en el reconocimiento y la asistencia a las víctimas, lo que requerirá de más recursos. De cara a que existan garantías de no repetición, debería plantearse un compromiso firme para derogar las leyes que posibilitan esas vejaciones y su impunidad, tal y como han denunciado diferentes organismos y recoge el informe.

Hay otro elemento novedoso en el informe: las denuncias contra la Ertzaintza también son consistentes, aunque en general no alcancen el salvajismo de Guardia Civil y Policía española. En este punto, sorprende que el Gobierno de Urkullu no haya reaccionado al hacer público un informe que le interpela. El valor del informe quedará cojo si no se asumen sus conclusiones y se actúa en consecuencia. La parte científica ya está hecha. Falta la ético-política.