El subprefecto de Baiona, Patrick Dallenes, anunciaba el pasado martes una salida integral a la difícil situación de las ikastolas de Ipar Euskal Herria, un anuncio recibido con mucha cautela aunque solo fuera por proceder de quien partió la iniciativa de bloquear la posibilidad de crear nuevas ikastolas e incluso ampliar las actuales, aludiendo a la ley Falloux, de 1850, y abocando a la enseñanza en euskara a esa penosa situación.

Esa actitud en nombre del bien público resulta paradójica e inaceptable en tanto en cuanto en este caso es el estado quien incumple su su deber de prestar un servicio público que solo las ikastolas, con gran esfuerzo y sacrificio, han venido garantizando. El subprefecto aseguró que su su propuesta contempla una salida integral; sin embargo, como recuerda el presidente de Seaska, Paxkal Indo, en la entrevista que hoy publica GARA, esa solución difícilmente puede surgir de una nueva interpretación de la ley Falloux. La «salida integral» que contempla la circular de Dallennes puede suponer una solución a algún problema concreto, como el de la ikastola de Beskoitze, pero el resto de proyectos seguirán siempre cuestionados y sin seguridad. La única solución integral posible pasa por una legislación adecuada a las necesidades de la enseñanza en euskara, y en modo alguno por una reinterpretación de una ley que no hace mucho aseguraban que impedía cualquier solución. Por eso resulta significativo el momento elegido por el subprefecto para anunciar su «solución», justo tras la movilización del pasado sábado en Baiona en demanda de protección legal para la enseñanza en euskara y cuando se aproximan las elecciones.

Si bien este no este el único ataque al euskara en su propio país, la situación de las ikastolas en Ipar Euskal Herria, así como la que padecen las de parte de Nafarroa Garaia, es más que preocupante, y la solución a la misma no puede venir de «relecturas» legales, sino del reconocimiento del euskara como lengua oficial.