El escándalo desvelado el martes por el diario “Público”, nutrido con nueva información durante la jornada de ayer, amenaza con poner patas arriba la recta final de la campaña y, al menos en Catalunya, recuerda ya a las elecciones  de marzo de 2004, con el PP atrincherado tras sus propias mentiras. Para todo aquel que albergase dudas, las informaciones dejan a la vista las cloacas de un Estado que no ha dejado de utilizar todos sus resortes para atacar el proceso catalán.

El modus operandi que dibujan las grabaciones entre  el nefasto ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz –candidato por Barcelona–, y el jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso –que farda de haberse cargado la sanidad catalana–, es demoledor. Conviene escuchar los audios para hacerse la composición de un escenario que no por previsible –y conocido en Euskal Herria– deja de ser aterrador. No hay estamento que se salve de la putrefacción: un ministro y un alto cargo designado por el Parlament –que pronto será cesado– conspiran contra líderes de los principales partidos inmersos en el proceso independentista. Y para ello utilizan sin reparo policías, fiscales y medios de comunicación. Y el señor presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo sabía.

Imposible no acordarse de filtraciones policiales como la de noviembre de 2012 contra Artur Mas y Jordi Pujol, o la de octubre de 2014 contra el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, demostrada como falsa inmediatamente. Al ministro le toca ahora probar su propia medicina. La pregunta podría ser quién grabó la conversación, ya que una filtración pocas veces es algo gratuito, sobre todo cuando hablamos de una grabación realizada en todo un despacho ministerial. Pero en cualquier caso, y sea cual sea el impacto que el escándalo pueda tener en las elecciones, las revelaciones deberían servir para que un siniestro personaje como Fernández Díaz, todo un peligro público para la democracia, no vuelva a ostentar cargo público alguno.