Lo dramático de una disparidad de criterios
15/08/2020

Poco después de que el Gobierno español y las comunidades autónomas decidieran la prohibición del ocio nocturno, el cierre de todas las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones de música en directo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimaba parcialmente los recursos interpuestos por asociaciones de hostelería de Bizkaia y Gipuzkoa en los que reclamaban la suspensión de las restricciones horarias del Gobierno de Lakua, y autorizaba a los bares abrir hasta las tres de la madrugada y a las discotecas hasta las cinco. Al ser el auto de ejecución inmediata, hasta que la decisión de Moncloa se publique en el BOE podrán permanecer abiertas. Esta disparidad de criterios es otra muestra de irresponsabilidad, una nueva colisión entre científicos, políticos y jueces a la hora de hacer frente a la pandemia.

Pasó algo similar en Catalunya con el auto de la jueza de Lleida que rechazaba el confinamiento de la Generalitat. Algunos juristas consideraron que al no haber plan B al estado de alarma, nadie es competente para anular un derecho fundamental, y menos el president de la Generalitat. Pasó también en EEUU, donde varios jueces tumbaron las órdenes de gobernadores de prolongar el confinamiento y el cierre de los negocios. En sus autos, defendían que «controlar virtualmente cada aspecto de la vida de una persona es algo que normalmente asociamos con una prisión, no con una sociedad libre gobernada por la ley» o que era «la mismísima definición de tiranía». El propio Trump, lo celebró en Twitter como «una victoria».

El tiempo, la claridad y la coherencia del mensaje a la sociedad siempre es fundamental en una crisis sanitaria. Y lo dramático es que mientras los científicos y técnicos acaban sirviendo de parapeto de políticos que quieren eludir sus responsabilidades, o de diana para atacar mejor a sus rivales, la Justicia dirime en su burbuja y el virus sigue propagándose sin instrumentos para controlarlo.

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