El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, estaba citado ayer en la comisión de investigación del Parlamento de Nafarroa sobre la licitación de obras públicas, pero fue un miembro de la dirección de la empresa quien acudió. Ni siquiera pudo entrar a la comisión porque, evidentemente, no estaba llamado a declarar. No era la empresa la interpelada, sino Entrecanales.

La citación al empresario es pertinente porque es el principal responsable de una empresa cuyos ingresos en el Estado español dependen en gran medida de unas licitaciones públicas en las que los escándalos se vienen repitiendo. Más allá de los concursos ganados con Servinabar, ahora judicializados, y de otros casos concretos, destacan, por ejemplo las multas que le ha impuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por formar parte de cárteles que alteraban el resultado de licitaciones públicas. En 2021 fue multada por manipular concursos de conservación y explotación de carreteras entre 2014 y 2018. En 2022 fue sancionada por adulterar durante más de 25 años, junto a otras constructoras, licitaciones de diversas infraestructuras. Las multas, insignificantes, no tienen el más mínimo efecto disuasorio: el interventor general de Nafarroa bloqueó en noviembre el pago de 8,5 millones de euros a Acciona y Osés por sobrecostes en el túnel de Belate, al entender que ambas mintieron para cobrar del Gobierno 6,2 millones más de la cuenta. Lo increíble es que empresas así sigan ganando concursos públicos. Acabar con la corrupción seguirá siendo una fantasía mientras corromper licitaciones públicas siga saliendo gratis.

No están acostumbradas a hacerlo, pero las empresas y, evidentemente, los empresarios deben rendir cuentas ante la sociedad, más cuando se trata de grupos con un alto volumen de contratos de obra pública. Es lo mínimo exigible. Esa rendición de cuentas no se hace mediante informes prefabricados sobre una supuesta responsabilidad social corporativa que poco suele tener que ver con la realidad, sino acudiendo, en primer lugar, a declarar cuando los representantes electos de la sociedad así lo solicitan.