La negativa de la multinacional Michelín a que se celebre una asamblea de trabajadores en su fábrica de Gasteiz para informar sobre el accidente de trabajo que costó la vida a un trabajador de una subcontrata la pasada semana es una decisión grave. Si consideramos además que tres meses antes otro trabajador de otra subcontrata murió en las mismas instalaciones y también por aplastamiento, la gravedad del hecho se acentúa. Si consideramos, finalmente, que esos han sido los dos únicos muertos en accidente de trabajo contabilizados en Araba este año, la decisión de la empresa no es admisible.

Los avances logrados los últimos años en concienciación, prevención y movilización social contra los accidentes laborales han sido muy importantes. De ser una cuestión marginal ha logrado atención y cierta relevancia, que por desgracia, se suele difuminar rápidamente. A ello contribuye, como muestra el caso de Michelín, el poco talante y la escasa implicación empresarial en profundizar en lo acaecido. Asimismo, el escaso eco que los entes públicos encargados de gestionar la salud laboral dan a las investigaciones posteriores colabora en la pérdida de interés social. Por último, el alargamiento de las pesquisas hace que el tránsito por los tribunales termine pasando completamente desapercibido. En este contexto, la dificultad de los medios de comunicación por mantener la atención y profundizar en los hechos y en las responsabilidades es manifiesta. Todo ello contribuye, finalmente, a que la muerte de trabajadores en sus puestos de trabajo no alcance la dimensión política necesaria para acabar con esta sangría en una sociedad que se dice desarrollada.

La lucha contra los accidentes laborales demanda nuevos planteamientos y compromisos de todos los agentes implicados que permitan trascender la denuncia puntual y avanzar hacia una sociedad en la que la muerte de un trabajador mientras se gana el pan para él y su familia sea cosa del pasado.