Los acontecimientos de ayer rompieron abruptamente la impresión de que nada se mueve en el Estado español. En el Parlament catalán, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, afrontaba una cuestión de confianza detallando la hoja de ruta del proceso independentista. Precisando lo que afirmó durante la Diada, concretó la convocatoria de un referéndum sobre la independencia en otoño del 2017, con o sin aval del Estado. Subrayó asimismo que para el próximo verano Catalunya habrá aprobado las estructuras básicas para poder desconectarse con garantías del Estado. Mientras la CUP valoraba positivamente la propuesta y CSQP saludaba la voluntad de pactar el referéndum, sumando fuerzas al proceso, el resto de partidos de obediencia estatal criticaba abiertamente la iniciativa.

El ofrecimiento de Puigdemont de negociar los detalles de la consulta hace más patente si cabe la ausencia de gobierno y la parálisis política del Estado. Mientras el proceso catalán recupera el pulso, la pretensión formulada por Pedro Sánchez estos días de hablar también con las fuerza independentistas para tratar de formar un gobierno alternativo al del PP ha encendido, al parecer, todas las alarmas en Madrid. Por la mañana se abrían las hostilidades para derribar al secretario general del PSOE desde las cloacas del Estado, precisamente de la mano de Felipe González que aprovechaba la oportunidad para dejar constancia de la dimensión de la amenaza aludiendo a la guerra sucia que sacudió Euskal Herria durante su mandato.

A medida que el proceso hacia la independencia de Catalunya clarifica los pasos a dar y recupera el pulso de la movilización popular, el Estado español, incapaz de aceptar las demandas democráticas de las naciones sin Estado, se enroca y trata de blindarse eliminando cualquier voz que cuestione su inmovilismo, aunque con ello tenga que destrozar a uno de los pilares del régimen de transición que ya se desangra en una lucha fratricida.