Pese a la conmoción evidente entre los parlamentarios navarros por las inesperadas revelaciones de la exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves, es probable que este nuevo escándalo haya sorprendido más bien poco a la ciudadanía, que en las últimas décadas ha visto a cinco presidentes envueltos en litigios por corrupción. Si acaso, la putrefacción se ha acelerado –quizás síntoma de que el régimen entra en fase terminal– con la misteriosa evaporación de la CAN, el escándalo de las inmorales dietas o la lista de megainfraestructuras sospechosas (TAV, Itoitz-Canal, circuito de Los Arcos, Navarra Arena...)
Aun si se diera alguna credibilidad al desmentido de la vicepresidenta navarra, Lourdes Goicoechea –no juega precisamente en favor de Nieves el hecho de que no denunciara estas presiones en su momento–, ello solo dibujaría el mismo impresentable escenario de fondo: una Nafarroa convertida en cortijo por una casta política y económica con votos pero sin ética, que explota el estatus de la autonomía uniprovincial para sus intereses privados. Una elite muy reducida –un estudio universitario la cifró en apenas 90 personas– pero que tiene en sus manos todos los resortes del poder. Desde ese poder se estigmatiza a la oposición política –con iniciativas como aquella inenarrable resolución parlamentaria en contra de que alguna formación abertzale gobierne–, se excluye a sindicatos críticos –expulsados de órganos de decisión y control–, se criminaliza a parte de la sociedad –ikurriña, modelo D–...
Es el caldo de cultivo que permite luego que se impongan esos intereses privados, que reine la rapiña. Nafarroa está secuestrada por una jerarquía indigna y por un estatus diseñado a su conveniencia (¿fue antes el huevo o la gallina?), que paradójicamente se empeña en esquilmar. El reto común es tan básico como lograr que en Nafarroa el interés público se imponga al privado; y tan democrático como que la ciudadanía decida libremente, el Gobierno y también el estatus.