Ni mérito ni requisito, el euskara les perturba

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Iruñea ha admitido a trámite el recurso de UGT contra la valoración como mérito del conocimiento de euskara en una oposición para cubrir ocho plazas administrativas en el campus de Tutera de la Universidad Pública de Navarra. La sentencia rechaza el procedimiento establecido por la UPNA y obliga a que el tribunal calificador realice otra valoración dejando de lado el conocimiento del euskera. A su vez, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado un recurso de la Diputación de Gipuzkoa contra la anulación de la convocatoria de 54 plazas de cuidadores de residencias realizada por Kabia –ente autónomo de la Diputación­–, decretada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Donostia. En octubre, ese juzgado dictó que los requisitos de conocimiento de euskera vulneraban el derecho fundamental de acceso al empleo público.

Según la primera de estas sentencias, la zonificación en Nafarroa permite que el euskara no sea considerado ni siquiera como mérito, a diferencia de otros idiomas, aunque estos no sean «autóctonos». Se entiende que el euskara es minoritario en la Ribera y que por lo tanto no tiene por qué ser valorado para acceder a una plaza, aunque pueda mejorar la atención al público. Que en una universidad pública una lengua local valga cero es toda una declaración de intenciones. Lo tienen difícil, eso sí, para hacerla pasar por una postura cosmopolita o ilustrada. En la segunda sentencia, el hecho de que una gran parte de los usuarios del servicio público de Kabia se comuniquen en euskara y que el servicio sea ostensiblemente mejor si se dominan ambos idiomas oficiales no prevalece sobre el “derecho” de dos personas opositoras a no saber euskara y querer tener puestos públicos en Gipuzkoa.

Si cuando el euskara es minoritario no lo valoran porque no sirve a la mayoría y cuando es mayoritario no lo respetan porque una minoría pierde su posición privilegiada, esos sindicatos, jueces y administraciones deberían decir claramente que rechazan el euskara, su supervivencia y desarrollo. Y que harán lo que esté en sus manos para que siga minorizado.

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