Los impulsores de la conversión del buque Aita Mari –antiguo atunero– en un barco de salvamento previeron muchas situaciones a la hora de acondicionar el barco, sobre todo para garantizar la seguridad de tripulantes y rescatados en alta mar. En ningún momento previeron, sin embargo, que la mayor dificultad que enfrentarían sería la negativa de las autoridades españolas a la hora de permitir que zarpasen rumbo al Mediterráneo a salvar vidas.

Porque lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de analizar este absurdo es, precisamente, eso: el Aita Mari podría estar ahora mismo rescatando personas a la deriva en el mar, intentando que la fosa común más grande de la tierra no haga más profunda la brecha que nos separa de cualquier atisbo de humanidad. Pero el último capítulo de este despropósito es hacer pasar al Aita Mari por Palma de Mallorca, cuando navegaba ya hacia Lesbos con ayuda humanitaria. Lo hacía con permiso de las autoridades portuguesas y no con la misión de rescatar personas, sino de repartir ayuda y utilizar el buque como hospital para los migrantes retenidos en Lesbos en su camino hacia Europa.

Es la enésima vez en que el Estado español disfraza de traba burocrática no ya la falta de voluntad de hacer algo al respecto, sino la voluntad explícita de no permitir que el Aita Mari –igual que el Open Arms– pueda zarpar al Mediterráneo. Está por ver qué ocurre hoy cuando el barco llegue a Palma, pero la tripulación ya expresó ayer su temor ante la posibilidad de que vuelvan a verse bloqueados en puerto. No sería la primera vez que ocurre, para vergüenza de un Gobierno que empezó su corta singladura abriendo sus brazos al Aquarius y que acaba impidiendo que otros barcos puedan rescatar personas y levantar testimonio acerca de uno de los mayores puntos negros del planeta ahora mismo. Puede que lo esté haciendo por decisión consciente o por miedo a que la derecha lo utilice en su contra. Pero ninguna de las opciones es aceptable.