En la antesala del juicio oral por uno de los más sonados casos de corrupción del Estado español, y en un contexto marcado por la abdicación real para oxigenar el sistema, ayer alcanzaba gran eco mediático la noticia del «arrepentimiento» de Marco Antonio Tejeiro, el contable del Instituto Nóos. Se destacaba sobremanera lo repentino e inesperado de la confesión, e incluso algunos analistas lo calificaban de «vuelco de último minuto, como si se tratara de una eliminatoria del Mundial de Fútbol».

Se trata de un buen titular, pero no de una realidad. En realidad, la confesión de Tejeiro solo viene a añadir un elemento de prueba directa a unos hechos meridianamente claros y acreditados con contundencia por el juez instructor, José Castro. En este sentido, ciertamente hará más fácil el juicio. Pero en la interpretación dada al testimonio, reducido por ahora en ocho folios a todas luces muy escuetos, se palpa también un afán de convertir el asunto en caso cerrado y restringirlo a las figuras de Diego Torres e Iñaki Urdangarin, a quien obviamente los poderes del Estado no han tenido más remedio que dejar caer.

Sin embargo, esta confesión para nada puede ser el inicio del fin del caso, sino en todo caso el fin del inicio. Del hilo de Tejeiro no solo se debe tirar para esclarecer la responsabilidad de la antes hija y ahora hermana del rey español –algo muy poco probable–, sino también para determinar y depurar la responsabilidad de los mandatarios de Balears o País Valencià que entregaron millonarios fondos públicos al yerno de Juan Carlos de Borbón solo por ser quien era. En Euskal Herria hay precedentes, como el «caso Urralburu», que constatan que la figura legal del «cooperador necesario» del cohecho casi nunca se aplica. Y es que el «caso Urdangarin» es mucho más que esa etiqueta, es el ejemplo de una podredumbre que atraviesa todo, de lo menor –ayuntamientos– a lo mayor –Casa Real– pasando por gobiernos, constructoras o promotoras.