Otro fraude masivo de los bancos con las hipotecas

La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los bancos al pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) cuando se constituye una hipoteca ha desatado el nerviosismo en la gran banca. A las caídas generalizadas en bolsa siguió la decisión sin precedentes del TS de dejar en suspenso el fallo hasta que se reúna el Pleno del Tribunal el próximo 5 de noviembre para tratar el asunto. Tan extraordinaria medida se justifica por la «enorme repercusión económica y social» de la resolución. Sin embargo, la impresión general es que la gran banca ha hecho valer su influencia para intentar detener unas pérdidas, fruto de sus malas prácticas.

La información oficial se afana en mostrar a la sentencia como la causante del caos, cuando en realidad el fallo vuelve a dejar constancia, una vez más, de un atropello continuado: los bancos han abusado de los clientes con las cláusulas suelo, con la referencia de los tipos de interés en los préstamos, y como ahora ha establecido el Supremo también con los gastos de formalización de la hipoteca. La ley dice que corresponde a los interesados en las escrituras, es decir a los bancos, el pago del impuesto. Sin embargo, el Gobierno utilizó el reglamento para modificar ese aspecto de ley, algo que no puede hacer y que es lo que el Tribunal Supremo ha anulado ahora. Estamos pues ante una maniobra en la que los bancos han contado con la colaboración del Ejecutivo primero y del Supremo después, sin olvidar a medios de comunicación que no dejan de añadir nerviosismo y confusión en una cuestión relativamente simple y beneficiosa para gente corriente.

Los verdaderos fraudes, los que dejan ganancias sustanciales, son los tienen por objetivo a la mayoría de la ciudadanía. Los cometen siempre los poderosos, al amparo de interpretaciones interesadas de la ley y con el beneplácito de los poderes del Estado. Cuando se descubren el costo económico es muy importante, pero todavía mayor resulta el coste en reputación.

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