El Parlamento de Gasteiz rechazó ayer con los votos de PNV, PSE y PP dos propuestas de EH Bildu y Elkarrekin-Podemos para que se complementen las pensiones más bajas hasta que a medio plazo se alcancen los 1.080 euros. La iniciativa recogía las recomendaciones que hace la Carta Social Europea y respondía a la reivindicación que está sacando estos días a la calle a miles de pensionistas. No fue, sin embargo, suficiente para que fuera aprobada.

El PNV utilizó los dos grandes comodines que guarda para situaciones comprometidas. El primero es el de Madrid. Corresponde al Estado la competencia sobre las pensiones y es, por tanto, al Gobierno español al que compete tomar las decisiones. Aun siendo cierto, la falta de competencia no ha impedido al Ejecutivo de Gasteiz realizar actuaciones en ámbitos en los que no tenía competencia pero sí interés político en intervenir. Sin ir más lejos, a día de hoy la RGI, por ejemplo, complementa alrededor de 16.000 pensiones, aunque sean competencia del Estado. El segundo es acusar a los proponentes de demagogia por hacer propuestas que, al parecer, no pueden ser asumidas por el Ejecutivo de Lakua. Y lo dijeron precisamente dos días más tarde de que esos mismo partidos aprobaran en las Juntas Generales de Bizkaia una nueva reforma fiscal que reducirá todavía más la recaudación. Antes se dio vía  libre a la misma modificación en Araba y está pendiente la de Gipuzkoa, donde además se reformará el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas que dejará de recaudar nada más y nada menos que 13 millones de euros de los contribuyentes más ricos del herrialde.

Renunciando a obtener nuevos recursos públicos de aquellos que más tienen, además de profundizar en la desigualdad, el Gobierno restringe su margen de actuación.  No se trata, por lo tanto, de que las propuestas sean demagógicas, sino de la absoluta falta de voluntad política para acometer políticas de reparto de la riqueza.