Según informaron las mujeres que forman parte del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, la propuesta recogida en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada a desarrollar un sistema propio que complete las pensiones mínimas hasta la equiparación con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) redundaría sobre todo en beneficio de 66.000 mujeres pensionistas. Precisamente, casi siete de cada diez pensionistas a las que afectaría esta medida son mujeres. De un total de 100.000 pensionistas afectados, establecer una pensión mínima de 1.134 euros garantizaría a las mujeres «unos ingresos mínimos suficientes para alcanzar unas condiciones de vida dignas y, además, reducirá la brecha de género», afirmaron desde el movimiento.

A pesar de que la conciencia social sobre esta manifestación del patriarcado se está ampliando, esa brecha es algo que no para de crecer. En 2023 en la CAV 6.000 personas tenían una pensión no contributiva, lo que supone 464,60 euros en catorce pagas. De ellas, 4.024 eran mujeres, es decir, dos tercios. 1.055 de ellas eran mayores de 80 años. Si avanzamos hasta noviembre de 2024, las personas que reciben una pensión no contributiva han subido a 7.859, percibiendo 518 euros al mes. De ellas, unas 5.300 serían mujeres. Asimismo,  entre 2014 y 2024 la diferencia en las pensiones de mujeres y hombres solo se ha reducido en diez euros. Las políticas que se han promovido con ese objetivo no han funcionado.

Las razones de esta discriminación son evidentes: el peso de los cuidados familiares recae mayormente sobre las mujeres, dejando a muchas de ellas fuera del mercado laboral, trabajando sin cotizar o en condiciones de precariedad. Por ejemplo, las mujeres asalariadas cogen más excedencias y reducciones de jornada para cuidar a familiares, lo que condiciona su vida laboral. Dejando de lado otros aspectos objetivos y subjetivos del patriarcado que también afectan a sus carreras, esas bajas afectan a sus cotizaciones, algo que arrastran hasta la jubilación. Son políticas públicas como la que propone esta ILP, junto con otras dentro de un plan feminista integral, las que pueden revertir esta injusticia estructural.