El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, ha aprovechado el inicio del año para hacer balance del primer mes del nuevo gobierno de izquierdas. En su descargo ha destacado varias decisiones de fuerte calado social, como la supresión del recargo extraordinario en el Impuesto sobre la renta –este año a los cuatro tramos más bajos del impuesto y el año que viene al resto–, medida que beneficiará a más de 1,6 millones de familias. Asimismo ha subrayado la devolución gradual a los funcionarios de los recortes aplicados a sus salarios con un reintegro del 40% a partir de este mismo mes, y el aumento de un 5% en el salario mínimo. Resoluciones todas ellas que tratan de revertir los daños ocasionados por las políticas impuestas a Portugal por los acreedores internacionales y que van dirigidas a frenar el empobrecimiento de las familias y el retroceso social.

Este cambio en la orientación de la política económica y social del Gobierno de Portugal ha sido posible gracias al pacto logrado entre el Partido Socialista, el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués, que fueron capaces de apartar sus diferencias –en algunos casos profundas– y ponerse de acuerdo en lo sustancial: dar un vuelco a las prioridades políticas, anteponiendo las necesidades sociales a las exigencias de los acreedores.

El primer ministro no aludió en su valoración a una de las decisiones que más polémica ha creado y que ha marcado este primer mes de gobierno: el rescate del banco Banif que entre ayudas directas y avales puede llegar a costar hasta 3.000 millones de euros a la hacienda pública. Un regalo envenenado que dejó el anterior gobierno y que ha provocado la primera crisis entre los partidos que sustentan al Ejecutivo. Todo indica que no será un camino fácil, pero la política consiste precisamente en manejar con inteligencia las energías liberadas por las decisiones y los acuerdos adoptados, imprimiéndoles fuerza que permita ampliar sus márgenes, y dominando el ritmo para que el avance hacia los objetivos sea firme.