Con una pizca de suerte, todos llegaremos a ser ancianos. Llegados a esa etapa vital, a nadie le gustaría pasarse el día reclamando una oportunidad de vivir dignamente, exigiendo el final de un castigo que lo condena a una situación de vulnerabilidad. Por tanto, una red de seguridad social que permita el acceso de todos a una jubilación justa es uno de los pilares clave para asentar el futuro, para la solidaridad intergeneracional y para una convivencia decente. En los últimos años, el uso y abuso de la prejubilación, la confusión sobre su significado y, en muchos casos, los daños que provoca en el bien común han aumentado de manera significativa. Cierto es que las prejubilaciones son una cuestión muy casuística, cada una de ellas es de un padre y de una madre; en algunos casos y oficios son necesarias y, en otros, una práctica lesiva, codiciosa y sufragada en parte con la hucha pública.

La prejubilación, para evitar equívocos, no es jubilarse anticipada o parcialmente. Ni siquiera es una figura jurídica. Los prejubilados, en muchos casos, son desempleados que no buscan empleo. Han acordado finiquitar el vínculo laboral, con indemnizaciones compensatorias en el tiempo y con dinero público que lo cofinancia vía prestaciones y subsidios. Sin embargo, compañías como Kutxabank o Euskaltel, bancos o incluso empresas públicas han hecho cultura de las prejubilaciones para reducir (las más de las veces) o rejuvenecer (las menos) sus plantillas sin conflictividad, a cargo de la hucha pública. En no pocas ocasiones, aprovechando que es un derecho del trabajador, hacen simulacros de despidos para cobrar desempleo utilizando una Seguridad Social que les ofrece rendimiento. Proyectan de esta manera una idea profundamente negativa de lo público, como si fuera algo que no es de nadie en vez de ser de todos.

Las prejubilaciones pueden tener un uso con efectos positivos. Pero cada vez más a menudo se da el abuso. Se suprimen excedentes de plantilla y mejoran los beneficios con la complicidad de los gobiernos de turno.