Puerto Rico vive una crisis comparable a la griega, a la que padeció Argentina y a la que actualmente atraviesa Detroit, todos ellos víctimas de inversores sin escrúpulos que no dudan en hipotecar el futuro de millones de personas para optimizar sus beneficios. Sin embargo, a diferencia de la ciudad estadounidense, el peculiar estatus de Puerto Rico no le permite acogerse a los mismos derechos que el resto de territorios de EEUU, entre ellos el de ser asistido por bancarrota. Ese Estado Libre Asociado es lo más parecido a una colonia, cuyas escasas competencias se deciden en Washington.

La crisis de deuda portorriqueña deja en ridículo a quienes hasta no hace mucho vaticinaban para aquel país un crecimiento económico extraordinario que además alcanzaría a las clases más desfavorecidas. Pero el hecho de que ese escaparate caribeño se derrumbara no preocupa en exceso a sus acreedores, los cuales, al igual que los del país heleno, en lugar de acceder a una necesaria reestructuración de deuda, presionan para que en ese territorio se implementen políticas de austeridad, una receta de sobra conocida en Europa. Austeridad que en realidad quiere decir precariedad, empobrecimiento y desasistencia social. Es decir, han de pagar quienes menos responsabilidad tienen en la penosa situación que atraviesa el país. Sin embargo, los poderes económicos pretenden transmitir que la responsabilidad es de los ciudadanos portorriqueños, griegos y de cualquier país que se encuentre en dificultades similares, por haber elegido unas administraciones nefastas cuyos responsables no sufrirán ningún tipo de sanción. Unas administraciones que ciertamente han sido perjudiciales, pero que lo han sido por haber seguido a pies juntillas las directrices de esos poderes.

Esta crisis muestra claramente las dudosas ventajas de Puerto Rico de estar unido, o «libremente asociado», a una gran potencia, en este caso la primera mundial, a pesar de que precisamente quienes lo han llevado al desastre aludan a su futuro inviable como país independiente.