Como en los trucos de prestidigitadores, en el análisis de la práctica política de la nueva Administración Trump es importante mirar qué hace la otra mano, esa que pasa inadvertida mientras llama la atención haciendo aspavientos con la menos hábil. Al mismo tiempo que todo el mundo, con razón, debatía sobre la guerra comercial desatada a raíz de los aranceles impuestos por Washington al resto de países –sobre todo a China, su rival por la hegemonía mundial–, el Gobierno de EEUU seguía avanzando en sus políticas racistas, misóginas, clasistas y contra la diversidad. 

Las deportaciones masivas de migrantes eran uno de los puntos más brutales de su programa. Las razzias se han multiplicado y generan terror entre la población. Hay una fuerte batalla legal por cada caso y se está conformando una agenda de resistencia.

Ejemplos sangrantes de esta semana

Una jueza de migración de Luisiana decidió que Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, puede ser expulsado porque supone un «riesgo para la seguridad nacional» debido a su postura contra el genocidio en Gaza. Khalil estaba legalmente en el país, su caso puede sentar un precedente y se ha convertido en un icono.

La Corte Suprema resolvió que el Gobierno debe llevar de vuelta a EEUU a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que tenía una orden judicial que impedía su deportación por el riesgo de que pandillas le maten. Aun así, lo deportaron y ha estado retenido en una prisión. «El Gobierno tenía prohibido enviarlo a El Salvador, y ahora estoy haciendo una pregunta muy simple: ¿Dónde está?», preguntó enfadada la jueza ante la obstrucción de la Administración.

El nuevo Ejecutivo pretende revocar el estatus legal temporal que la Administración Biden concedió a más de medio millón de ciudadanas y ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Trump sí que hace rehenes, incluso en sus filas. La visa vence el 24 de abril y el caso está judicializado.

Con el objetivo de forzar a más personas a regresar «voluntariamente» a sus países, el Gobierno está clasificando a miles de migrantes que están vivos como si estuvieran muertos. Como suena. Los funcionarios los incluyen en una base de datos de personas fallecidas, cancelan su números de la Seguridad Social y eliminan así su opción de trabajar. Pierden el acceso a servicios financieros y piensan que eso les hará la vida imposible y les forzará a irse.

Los departamentos de Seguridad Nacional y del Tesoro han firmado un acuerdo que permite compartir los datos fiscales de los migrantes con el Servicio de Control de Inmigración y aumentar así su eficacia represiva. Además de los derechos humanos, violan el derecho a la privacidad, otro caballo de batalla de los oligarcas tecnológicos asociados a Trump.

El Gobierno ha admitido e incluso reivindicado sin tapujos estas maniobras. Añade que multará con 998 dólares por día a los migrantes a los que hayan revocado los permisos. Un expolio en toda regla.

Vivir en lucha, militar en la esperanza

La semana pasada, centenares de miles de personas se manifestaron en 1.400 puntos de EEUU bajo el lema «¡Las manos fuera!» para denunciar la revolución autoritaria de Trump y los oligarcas. Marcharon sindicalistas, feministas, miembros de minorías étnicas y de la comunidad LGTBIQ+, militantes de izquierda, liberales… Sería un error sobrevalorar esa dinámica de resistencia, pero también menospreciarla. El cinismo nunca liberó a nadie de ninguna opresión.

El ritmo frenético que imponen los autoritarios a su guerra contra la democracia, los pobres y la diversidad exige concentración, inteligencia, perseverancia y no dejar que se apague la cerilla de la esperanza.