Las declaraciones del director del Servicio de Ginecología del Complejo Hospitalario de Nafarroa, Ricardo Ezcurra, durante la comisión parlamentaria que tuvo lugar ayer sobre el Decreto de Salud Sexual y Reproductiva constatan que persisten las dificultades para poder llevar a cabo las medidas recogidas en el acuerdo programático de Gobierno en esta materia, más concretamente las relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo. Medidas que tienen como objetivo garantizar los derechos de las mujeres también en un ámbito tan esencial como este, y para lo que no hace falta decir que se precisa de la voluntad e implicación de los profesionales del sector.

Un requisito que, en vista de la exposición de Ezcurra, no se cumple. Entre los pretextos utilizados por el máximo dirigente del Servicio de Ginecología figuran las supuestas dificultades técnicas para poner en práctica el derecho al aborto, así como la objeción de conciencia del personal. En la medida que la decisión de abortar es libre y constituye un derecho, como lo es la del profesional que manifiesta su objeción, no es difícil comprender que el deber de un servicio público como lo es la sanidad es el de respetar y garantizar que se cumpla. Tal y como manifestaron varios de los parlamentarios en la sesión de ayer, nada debería impedir que se pongan los medios necesarios para que dicho servicio esté a disposición de quienes lo requieran. Y ha de hacerse, además, desde el respeto y evitando generar crispación y prejuicios sobre el asunto.

Por contra, la satisfacción de UPN y PP ante el discurso de Ezcurra, en consonancia con la ideología más retrógada, demuestra que los obstáculos que durante años han impedido que se haga efectivo un derecho tan básico como es que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, siguen ahí. Por ello, siguiendo la senda de los pasos dados para hacer realidad el cambio en Nafarroa, resulta apremiante derruir esas barreras que siguen pisando derechos.