Refugiados y deportados, una carpeta sin cerrar
El refugiado político Hilario Urbizu Sanromán murió el martes a los 76 años. En México, el país que le acogió hace 45 años, y sin haber podido regresar a su pueblo, Olazti, del que huyó por primera vez en 1975 debido al riesgo de ser detenido. Lejos de facilitar su regreso en un contexto de fin de la acción armada por parte de ETA, la Audiencia Nacional española pidió y consiguió que las autoridades mexicanas lo detuvieran en 2015, si bien la solicitud de extradición quedó finalmente en nada. Para entonces llevaba tres décadas residiendo y trabajando en el país azteca.
El de Urbizu no es un caso aislado. En enero de 2025 falleció en Venezuela Martín San Sebastián a los 70 años. Llevaba en el país caribeño 46 años. Especialmente desde 2013, muchos refugiados han dado el paso, no sin dificultades ni riesgos, de regresar a Euskal Herria. Sin emnargo, a día de hoy, 15 años después del fin de la acción armada de ETA y ocho después de su disolución, trece personas siguen refugiadas en diferentes países, mientras que otras tres siguen sufriendo deportación en Cuba, Cabo Verde y Venezuela. Las amenazas y acusaciones que penden sobre ellos se convierten, de facto, en una condena al exilio perpetuo, un castigo extrajudicial extemporáneo y contrario a la más elemental voluntad de poner remedio a las consecuencias de un conflicto armado.
Entre esas consecuencias figuran también las personas presas, que con la libertad de Julen Atxurra Egurrola –tras 30 años de encarcelamiento–, son ahora 100, según la lista de Etxerat. Hace diez años, cuando GARA incluyó por primera vez el marcador en su primera página, los presos eran casi 400. Una década después están a punto de caer a dos cifras. La tendencia es evidente, pero la lentitud del ritmo también. Pese a todos los pasos dados hasta ahora, que no son pocos ni menores, algunos de los resortes de la legislación de excepción implantada en los años de José María Aznar siguen vigentes. Derogar esta telaraña legal y facilitar el regreso de las personas refugiadas y deportadas son pasos insoslayables para abordar de forma integral, y de una vez por todas, el fin del conflicto armado y sus consecuencias.