La cobertura ofrecida por buena parte de la clase periodística española a la declaración de tres miembros de la Comisión Internacional de Verificación en la Audiencia Nacional ha sido la guinda que ha coronado el cúmulo de despropósitos iniciado con la bochornosa citación judicial. El propio Ram Manikkalingam ha tenido que salir al paso de algunas informaciones con un comunicado en el que, entre otras afirmaciones sobradas de lógica, se destaca la falta de precedentes en el mundo de que una organización armada se ofrezca a poner su arsenal fuera de uso y las instituciones, en este caso las españolas, lo reciban con abierto desagrado. También en esto, España es diferente.

El Gobierno español, ya se ha dicho antes, está haciendo todo lo posible por torpedear el proceso, porque una cosa es no acompañar un camino emprendido de forma unilateral y otra actuar sistemáticamente contra todos y cada uno de los pasos que se dan en favor de la solución. Ahí están las hemerotecas para comprobar que, efectivamente, esa ha sido la forma de proceder del PP. Pero no solo la del Ejecutivo, sino también la de otros estamentos como el que ayer hizo un alarde tipográfico para transmitir una versión sesgada y malintencionada de la comparecencia en el tribunal especial. Parece que, aun después del cese de la actividad armada de ETA, la razón de Estado prima sobre otros parámetros como la rigurosidad o el análisis crítico.

Ocurre, sin embargo, que ese proceder no hace más que ensanchar la zanja entre lo que representa el Estado y la sociedad vasca, que asiste entre atónita y preocupada a los intentos de sabotaje españoles. Quizá algunas de las barbaridades que se están diciendo y escribiendo en torno al proceso tienen público en Madrid, pero en Euskal Herria son mercancía averiada, y llenan el arsenal de razones de quienes defienden la independencia como única manera de que este pueblo pueda caminar tranquilo y en libertad. Poniendo obstáculos a la solución, lo que alimentan es la ruptura.