El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondieron de inmediato y a una sola voz al acuerdo de la mayoría parlamentaria de Catalunya en torno a la fecha y la pregunta de la consulta popular. La furibunda respuesta de los dos líderes de la política española, acompañada por una clase periodística igualmente agresiva, ha trasladado en cierto grado el debate a la réplica que las formaciones catalanas podrían dar a ese rechazo, antes incluso de que la iniciativa emprenda su propio camino.

Así, varios promotores de la consulta han insistido en las últimas semanas en la necesidad de que esta se acomode a la legalidad. A este respecto, y sin adelantar acontecimientos, habría que insistir en que el compromiso adquirido por las fuerzas que el jueves comparecieron en el Palau de la Generalitat es con la sociedad catalana, no con las leyes españolas, y que si bien sería positivo que la legislación se amoldara a esta tesitura, eso no ocurrirá sin la aprobación del PP y del PSOE, cuya postura es conocida. Dos sujetos no llegan a un acuerdo si uno de ellos no quiere, y en este caso el sujeto español lo rechaza de plano. Sin embargo, hay quien plantea como opción la celebración de unas elecciones plebiscitarias, sin explicar qué ocurriría después, en el probable caso de que tras los comicios las mayorías en el Parlament siguieran siendo las mismas, o incluso más favorables a la vía soberanista. ¿Empezar de nuevo, sabiendo que la negativa española es inamovible?

La mayoría política y social catalana ha mantenido un exquisito talante democrático, no así sus interlocutores, y lo que no debería propiciar esta cerrazón antidemocrática es una respuesta tendente a aplacar los ánimos, cegar el proceso y sumergirlo en un mar de pronunciamientos, manifestaciones y maniobras dilatorias sin recorrido. Cuando un traje constriñe la solución no es encogerse, sino romper las costuras. Y a Catalunya el traje español le queda ya muy pequeño.