Se ha consumado la venganza. El Tribunal Supremo español ha condenado a 100 años de cárcel a nueve líderes catalanes por organizar un referéndum sobre la independencia. Por si alguien tenía dudas, el tribunal ha sentenciado que hay proyectos legítimos que sin embargo no pueden salir adelante aunque se articulen por medios pacíficos y democráticos. No tienen cauce posible, ni si logran la mayoría en las urnas. No lo impedía la violencia, ni la real vasca, ni la catalana imaginaria; lo impide el régimen del 78. El Estado no solo tiene el monopolio de la violencia, sino que tiene el monopolio de definir qué es y qué no es la democracia. Y según ellos, en España ser democrático equivale a ser español, ni más ni menos.

España como concepto es ideológicamente autoritaria, étnicamente supremacista y políticamente negacionista de otras realidades nacionales. Con sentencias como la de ayer, cada vez tienen más difícil convencer a nadie de las bondades de ser español. Quienes dicen soñar otra España aparecen cobardes y equidistantes ante la injusticia, y muestran un ventajismo patético.

Entre unos y otros van camino de hacer de la chanza de Canovas del Castillo una profecía autocumplida: «Pongan [en la Constitución] que son españoles los que no pueden ser otra cosa». España es una distopía.

Consensos disruptivos para el orden español

El juicio contra el independentismo catalán ha sido político y la sentencia también lo es. Pretende ante todo bloquear cualquier solución dialogada a un conflicto político. Busca ganar tiempo para el Estado y que los catalanes lo pierdan. Que pierdan tiempo, energías, esperanzas… No busca la justicia, busca ejemplaridad, generar miedo. De hecho, le enseña la puerta de salida a un miedo que en términos particulares es compresible pero que a nivel colectivo es inviable e inasumible.

Catalunya tiene varios consensos transversales que no debe perder de vista. Porque, aunque desde la perspectiva independentista pueden sonar insuficientes a estas alturas, la sentencia muestra que para los poderes del Estado español son inasumibles. Y [Punctuation Space] ahí está una de sus grandes debilidades. En lo inmediato, la inmensa mayoría de la sociedad catalana cree que el fallo de ayer es injusto y despiadado. No tiene duda alguna de que estos reos son presos políticos. La gran mayoría de la ciudadanía catalana piensa que la solución a su conflicto pasa por las urnas, por decidir su futuro democráticamente. Cerca del 50% de los votantes cree que la solución a, entre otras cosas, los problemas que identifican los mencionados consensos, es la independencia.

La sentencia puede decantar los consensos y hacer las mayorías en favor de la democracia y la libertad aún mayores. Esto requiere, eso sí, de estrategias y pactos.

La batalla del relato es la de la moralidad

Nadie que no sea un autoritario y que no considere la nacionalidad española sagrada es capaz de defender las penas impuestas a los políticos catalanes. No es que no quieran, es que no pueden. La comparación con delitos reales es devastadora. Porque, en todo el mundo, nadie duda de en qué lado se hallan la razón y la justicia, y de qué lado la crueldad y el autoritarismo. No hay que ser ni catalán ni independentista, basta con ser demócrata. La parte catalana defiende derechos humanos y civiles; la española la unidad de destino en lo universal.

La batalla por el relato es también la batalla por la moralidad, tal y como enseña el conflicto vasco. Siempre y cuando la mayoría social catalan no pierda de vista de qué lado están virtudes como la libertad, la igualdad, la decencia o la valentía, el movimiento independentista podrá mirarle a los ojos a los poderes del Estado. Aunque el desequilibrio de poder sea tan salvaje como señalan con cinismo los jueces. La moralidad no es suficiente para ganar, pero rendirse ahí puede resultar fatal.
El problema de esta batalla es que obliga a invertir grandes energías en mostrar la maldad del contrincante. España lo pone fácil, pero no dejan de ser energías que se pierden para la construcción de una república basada en valores comunitarios emancipadores. Esa es la grandeza que puede hacer recuperar su fuerza inspiradora al movimiento por la independencia, sin por ello abandonar la urgencia de combatir la represión.

Desde Euskal Herria es importante mostrar toda la solidaridad, acompañar a la sociedad catalana en este momento traumático y acertar a abrir una nueva fase histórica en la que el principio rector sea el de «todos los derechos para todas las personas». En pie de igualdad y en democracia. Por definición, en la República vasca.