La Audiencia Nacional española, heredera del Tribunal de Orden Público franquista, y su Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, creado en 2003 por José María Aznar en el contexto de la «guerra contra el terrorismo», son órganos excepcionales. La «legislación antiterrorista» española es otro artefacto excepcional, pensada para la realidad vasca y justificada en un contexto histórico que ya no existe, pero que se sigue utilizando para recrear esa atmósfera política y convertir la venganza en sinónimo de justicia. Pero es falso: la Justicia está pensada para ser alternativa a la venganza, no para ser su subordinada.

De partida, todo es excepcional en el auto por el que el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha revertido el régimen de semilibertad que, según el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, tenían Marixol Iparragirre y Juan Ramón Karasatorre. Todo es por ser quienes son.

Sin justificación técnica, sin elevar la cuestión al Tribunal Constitucional ni al Consejo General del Poder Judicial, no en un manifiesto sino en un auto, el juez Castro ignora la separación de poderes y, por un lado, pide al poder legislativo que cambie la ley y, por otro, cuestiona la política penitenciaria del Gobierno de Gasteiz.

Para ello dice medias verdades sobre los permisos, los plazos, el proceso… Va más allá, erigiéndose en intérprete y portavoz de las emociones de presos, víctimas y sociedad. Justifica la alarma en lo publicado en los medios, a la vez que entrega a la prensa manuscritos que alimentan lo que se supone que él denuncia. 

El auto vulnera los derechos de las personas presas, establece un precedente arbitrario, ataca la autonomía y el «modelo penitenciario vasco», y marca la agenda legislativa a futuro. Responde a presiones que nada tienen que ver con la justicia ni la ley.