También la precariedad es rentable para algunos
Un informe de la fundación Ipar Hegoa sobre el salario mínimo en Hego Euskal Herria ha puesto cantidad a la negativa a fijar un salario mínimo propio: 461 millones de euros. La cantidad que supone la plusvalía añadida de empresarios y administración pública. El dinero que se precisa para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan percibir al menos 1.500 euros, como solicita la mayoría sindical de este país, la cual ha convocado una huelga general para el próximo 17 de marzo ante la negativa de la patronal a negociar y el desplante institucional a las 138.495 firmas en apoyo al SMI propio.
Según el informe, dos de cada tres de quienes perciben un sueldo menor a 1.500 euros son mujeres, lo que supone más de un tercio de todas las mujeres empleadas. Asimismo, la mitad de las personas que no llegan a ese salario son nacidas fuera de Euskal Herria. Otro tanto ocurre con la cuarta parte de los y las menores de 30 años. No era un secreto que la precariedad tiene rostro de mujer y migrante, y también de joven, pero los datos muestran que se pueden revertir tendencias y abrir vías de solución; por ejemplo, respecto a las brechas machistas generadas por la división sexual del trabajo, a cuya reducción puede contribuir el salario mínimo.
El estudio también revela que el reparto de la riqueza es cada vez más desigual. En los últimos años los salarios con respecto al PIB de Hego Euskal Herria han disminuido tres puntos, ya que las subidas del SMI en el Estado apenas han tenido incidencia en estos territorios. Datos que contrastan con la tendencia al alza en las naciones de la UE con estructura de estado, lo que no deja de evidenciar, asimismo, la necesidad de esas estructuras para que la capacidad de decisión también en el ámbito de las relaciones laborales resida en el país.
Las conclusiones del informe pueden resultar lamentables o denunciables, pero seguramente no sorprenden. Los datos dejan a las claras algo que ya se percibía, especialmente quienes saben que estar empleado no es garantía de vida digna, y es que también la precariedad es negocio rentable para algunos, negocio a costa de los más vulnerables.