Las intervenciones –a pesar del PP– de los allegados de Mikel Zabalza y un testigo de la muerte de José Luis Cano, ayer, en el Parlamento de Nafarroa dejaron en evidencia a las instituciones que durante tantos años han dado la espalda a las familias de los ciudadanos muertos a manos de las fuerzas policiales del Estado. El apoyo que han recibido ha procedido de sus vecinos, de la sociedad vasca, pero el abandono de las instituciones ha sido clamoroso y cómplice de la impunidad de la que gozan los autores y responsables de esas muertes, y a menudo ha ido más allá, como demuestra el empeño del Ayuntamiento de Iruñea en retirar la placa en recuerdo de José Luis Cano cada vez que es colocada.

El reconocimiento de esas víctimas por parte del Parlamento navarro resulta tardío, muy tardío, pero bienvenido sea por necesario. Porque, entre otros aspectos, y en palabras de la portavoz de EH Bildu, «se ha roto el tabú de la tortura». Ciertamente, nadie en ese Parlamento pone en duda que Mikel Zabalza fue salvajemente torturado en el cuartel de Intxaurrondo. Durante décadas, las instituciones se han aferrado a la versión oficial, siempre negadora de cualquier maltrato en centros policiales, y en los pocos casos en los que han prosperado las denuncias y ha habido sentencias condenatorias, varios años después, han seguido obviando casi todas las denuncias asegurando que la tortura era un asunto del pasado y no precisaba siquiera ser investigada, algo con lo que no está de acuerdo el Tribunal de Estrasburgo, que ha condenado al Estado español reiteradamente.

Quienes se empeñan en justificar la política de excepción y vengativa del Gobierno español apelando a la impunidad apuntan en la dirección equivocada. Ayer, también en el Parlamento de Nafarroa quedó claro dónde se encuentra esa impunidad. Han tenido que pasar varias décadas para que ese Parlamento reconozca a unas víctimas tratadas no ya como de segunda, sino negadas. Su reconocimiento, y la verdad, justicia y reparación, es lo mínimo que se les debe.