Una veintena de abogados valoraron ayer en rueda de prensa la información difundida el martes por este periódico, según la cual el Ministerio del Interior español estaría preparando una operación policial contra letrados de presas y presos vascos. Aun considerando que de llevarse a cabo estaríamos ante una «barbaridad» cometida contra profesionales que ejercen su trabajo públicamente y en un ámbito que debería estar sujeto a especiales garantías, no expresaron gran sorpresa, pues se trata de un colectivo directamente castigado por las embestidas de un Estado refractario a cualquier avance en términos resolutivos.

Los abogados expusieron como motivo para estar en el punto de mira que son testigos de vulneraciones de derechos fundamentales, una afirmación que es rigurosamente cierta, pues el ejercicio de su profesión hace que en muchas ocasiones sean las primeras y a veces únicas personas que conocen el trato sufrido por quienes son detenidos e incomunicados por los cuerpos policiales que operan en este país. Asimismo, y más allá del ámbito de la detención, son quienes mejor conocen las arbitrariedades judiciales y penitenciarias que se aplican sistemáticamente a los ciudadanos vascos que permanecen encarcelados a causa del conflicto.

Son testigos incómodos para los estados, pero son algo más y probablemente más importante: son la primera línea de contención y principal freno contra esos desmanes. Sin la asistencia de sus letrados, los presos, igual que las personas detenidas, estarían prácticamente inermes y mucho más expuestos a las tropelías de policías, tribunales y de un sistema diseñado para triturar derechos. El fallo del Tribunal de Estrasburgo contra la doctrina 197/2006 del Supremo ejemplifica la importancia de su trabajo, una sentencia que, salta a la vista, ha hecho mucho daño a un estado vengativo que no quiere volver a sufrir un varapalo de tal calibre y que es capaz de cercenar el derecho básico a la defensa.